© Aleksandar Džoni-Šopov
El cuarto poder tiene muchos enemigos.

En los últimos quince años sólo un 15% de los 500 asesinatos perpetrados contra periodistas en el desempeño de su cometido profesional han sido sancionados por la justicia, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Sin embargo, los Estados tienen la obligación de no tolerar la impunidad de esos crímenes porque todo atentado contra la vida de un periodista es un ataque contra la democracia.

Recordemos el litigio entre el diario de Estambul Orgür Gundem y el Estado turco. En marzo de 2000, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra este último por estimar que había impedido el libre ejercicio de la libertad de expresión del periódico, al abstenerse de protegerlo contra los actos de violencia de que era objeto.

El diario estambuliota había tenido que cerrar sus puertas a causa de los incendios intencionales, atentados con bombas y asaltos a mano armada que se cobraron la vida de siete de sus trabajadores. La mayoría de las peticiones de protección dirigidas a las autoridades no obtuvieron respuesta alguna. El gobierno se limitó a adoptar algunas medidas insignificantes y, al mismo tiempo, presentó numerosas denuncias contra el periódico ante la justicia.

En su veredicto, el Tribunal Europeo rechazó la alegación del Estado turco según la cual las autoridades no se consideraban obligadas a proteger al diario, habida cuenta de que éste apoyaba a grupos terroristas. La sentencia del tribunal agregaba que, aun cuando así fuera el caso, eso no justificaba que el gobierno hubiese omitido adoptar medidas eficaces para efectuar las pesquisas de rigor y proporcionar al diario, en caso necesario, protección contra actos violentos manifiestamente ilícitos.

Los atentados contra los periodistas son, por desgracia, moneda corriente. Según la Federación Internacional de Periodistas, en 2007 fueron asesinados 177 profesionales de los medios informativos. Durante la guerra de Iraq, en particular, el número de periodistas asesinados o víctimas de violencias alcanzó una cifra sin precedentes.

Bien es cierto que los periodistas, como todo el mundo, pueden ser asesinados por su cónyuge, morir en un accidente de carretera, o perder la vida en un tiroteo inesperado. No obstante, la mayoría de las veces no son víctimas de circunstancias o accidentes fortuitos. Su profesión conlleva el riesgo de morir cuando son corresponsales de guerra, hacen reportajes sobre revueltas sociales, o cubren eventos como las catástrofes naturales. Sin embargo, lo más alarmante es que con frecuencia son asesinados por lo que han escrito.

Al ser los medios de información un “cuarto poder”, custodio del interés de la sociedad y piedra angular de la democracia, los periodistas se crean a menudo enemistades y un buen número de éstas surgen en círculos de personas que ocupan puestos de responsabilidad. Algunas de estas personas carecen totalmente de escrúpulos, e incluso están implicadas en actividades delictivas. Por eso, en algunos casos, no vacilan en amenazar a los periodistas que denunciaron sus actividades, o en perpetrar actos de violencia que pueden llegar hasta el asesinato.

Esas agresiones son crímenes odiosos que no sólo apuntan a un periodista en concreto, sino al conjunto de la profesión. En efecto, un solo acto grave de represalia es suficiente para dar a entender a todos los periodistas que es peligroso abordar determinados temas, denunciando ya sea un delito, la incompetencia de un alto funcionario, un caso de corrupción, o cualquier otro abuso. Esto es lo que podemos llamar “el asesinato como medio de censura”.

La mayoría de los delitos perpetrados contra los periodistas revisten una especial gravedad, puesto que atentan no sólo contra un individuo, sino contra la sociedad en su conjunto. Todos contamos con los medios de información para enterarnos de la actualidad internacional, nacional o local, y también para ejercer el derecho de voto con conocimiento de causa, garantizar un uso correcto del dinero público, o hacer que los delincuentes rindan cuentas ante la justicia. Las agresiones contra los periodistas representan una amenaza para la democracia, en la medida en que merman las posibilidades de los medios informativos para proporcionarnos toda esa información que necesitamos. Por eso, todo crimen contra un periodista constituye un crimen contra todos y cada uno de nosotros.

La legislación internacional relativa a los derechos humanos reconoce este aspecto del derecho a la libertad de expresión. Se suele olvidar la doble naturaleza de este derecho, ya que no sólo protege la libertad de palabra y de difusión de informaciones e ideas, sino también el derecho de los que reciben esas informaciones. Por eso, las garantías de la legislación internacional no sólo atañen al derecho de difundir información, sino también al de “buscar y recibir” informaciones e ideas.

Además, la legislación internacional no se limita exclusivamente a prohibir a los Estados cualquier injerencia en el ejercicio de la libertad de palabra, sino que les insta a garantizar la libertad de expresión. Los tribunales internacionales han determinado que los Estados tienen la obligación de esforzarse para impedir los actos de violencia contra los periodistas, investigarlos y llevar a sus autores ante la justicia. También tienen la obligación de indemnizar a las víctimas cuando estén directamente implicados en esas violencias, esto es, en los casos en que hayan sido perpetradas por altos funcionarios.

Por desgracia, la experiencia demuestra que muchos Estados no están a la altura de la responsabilidad que les incumbe, a saber: no tolerar en modo alguno la impunidad de los criminales que arrebatan la vida a los periodistas. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en los últimos quince años sólo un 15% de los 500 asesinatos perpetrados contra periodistas en el desempeño de su cometido profesional han sido sancionados por los tribunales de justicia.

Toby Mendel, director juridíco de ARTÍCULO 19

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Foto 2 © New York Times
La periodista libanesa May Chidiac en su silla de ruedas, luego del atentado padecido en septiembre de 2005.

Foto 3 © Derechos reservados
La justicia ha condenado menos del 15% de los asesinatos cometidos contra periodistas en los 15 últimos años.