La acción cultural de la UNESCO para la protección de los sitios y monumentos y la lucha contra el tráfico ilícito se basa en un marco jurídico muy concreto.

Se trata de la Convención de La Haya de 1954 y sus dos protocolos de 1954 y 1999 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, y de la Convención de 1972 sobre el patrimonio mundial.

La Convención de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente vino a completar en 1995 este dispositivo jurídico.

Además, la UNESCO creó en 1999 un Fondo Internacional para el retorno y la restitución de los bienes culturales.